SANTO DOMINGO.- El Tribunal Constitucional, a través de su Centro de Estudios Constitucionales (CEC), y en colaboración con la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), dio inicio al Curso de Actualización sobre Normativas, dirigido a magistrados y letrados de esta alta corte.
El acto estuvo encabezado por el magistrado Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto, en funciones del presidente del TC; el magistrado Román Jáquez Liranzo, presidente de la JCE; el magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez de esta alta corte y coordinador del CEC; la magistrada Dolores Fernández Sánchez, miembro titular de la JCE y expositora del curso, y Mayra Cabral Brea, directora del CEC.
Al pronunciar las palabras de bienvenida, el magistrado Bonnelly Vega manifestó que la constitucionalización del derecho electoral en la República Dominicana constituye el principal «objetivo de nuestra labor como actores del sistema», ya que los tribunales son los llamados a tomar decisiones que contribuyan al fortalecimiento del Estado de derecho y asegurar un clima de confianza en el sistema electoral.
Indicó que el TC es parte del órgano de cierre en materia constitucional y como tal es custodio de uno de los pilares más sagrados de la sociedad, que es la democracia. «Debemos ser conscientes de que nuestro trabajo no se limita a interpretar y aplicar la Constitución y la ley; sino que es un acto de servicio a nuestra comunidad, un compromiso con nuestra patria y un tributo a aquellos que lucharon y sacrificaron tanto para hacer posible este sueño de libertad y justicia», expuso.
Bonnelly Vega precisó que la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, promueve la transparencia, la equidad y la participación ciudadana en los procesos electorales, principios que contribuyen al fortalecimiento de la democracia y a asegurar que el sistema político electoral sea justo, transparente y participativo para todas y todos los dominicanos.
«La igualdad, la justicia y la participación ciudadana nos recuerdan que la democracia no es un regalo que se nos ha dado, sino un derecho que los pueblos han conquistado a base de esfuerzo y sacrificio», expresó Bonnelly Vega.
De su lado, el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, aplaudió la iniciativa de esta alta corte, que considera como un indicador de que «vamos por muy buen camino» para seguir formando en la comprensión de lo administrativo-electoral y del derecho electoral.
«Al final de cuentas, mientras más sabemos de democracia, más aplicamos democracia, más participamos en democracia, más exigimos democracia y, por ende, más respetamos las decisiones dadas en democracia», expresó.
Dijo que históricamente la administración electoral y del derecho electoral han sido incomprendidos a nivel mundial, lo que se refleja en las universidades, donde pocas veces se imparte este tema como asignatura.
La directora del CEC, Mayra Cabral Brea, explicó la metodología de este curso formativo, que tendrá una duración de 16 horas y anunció que próximamente se impartirán otras capacitaciones.
Luego del acto inaugural, la magistrada del órgano electoral Dolores Fernández Sánchez pronunció la primera exposición de este curso, en la que explicó que el derecho electoral es el conjunto de normas constitucionales, legales y reglamentarias que tiene el objetivo de reglamentar el sufragio, elegir y ser elegido.
Resaltó la importancia del derecho electoral para la democracia del país. «Ese voto del soberano, ese cambio de autoridades, esa representación del Estado dominicano, todo eso tiene que ver con el derecho electoral», expuso.
La especialista en derecho electoral mencionó los fallos que ha emitido el TC relacionados a temas electorales y el impacto que ha tenido esta corte en la creación de leyes, así como los derechos de las mujeres en la participación política.
Los magistrados Amaury A. Reyes Torres y María del Carmen Santana de Cabrera, letrados y otros servidores constitucionales participaron en esta formación que tiene como objetivo fortalecer las competencias en materia electoral del personal jurisdiccional de este tribunal garante de la supremacía de la Constitución.
